La política del gobierno es desfavorable a la titulación de comunidades nativas

En la Amazonia peruana existe un total de 1509 comunidades nativas, de las cuales hasta mayo del 2009 han sido tituladas o demarcadas 1232, con una extensión total de 10 564 256 hectáreas, equivalente al 13,5 % del territorio amazónico nacional. Queda un total de 227 comunidades nativas por titular.  Adicionalmente, existen solicitudes de ampliación por parte de comunidades cuyas tierras y recursos no abastecen a la población actual.

La Constitución del Perú reconoce la existencia de las comunidades nativas aún cuando no estén inscritas como personas jurídicas en los registros públicos. Sin embargo, para  obtener el título de propiedad las comunidades deben ser inscritas en los registros públicos.

Desde su creación, el instituto del Bien Común viene apoyando los procesos de titulación de las comunidades nativas, como un aporte al ordenamiento territorial de la Amazonía, que consideramos de clave para lograr un modelo de desarrollo sostenible de la región donde sean respetados los derechos e intereses de sus habitantes.  Asimismo, considera que la formalización de la propiedad comunitaria es importante para evitar conflictos respecto al acceso y uso de los recursos.

El proceso de titulación de comunidades nativas es sumamente burocrático y lento, situación que se ha agudizado aún más durante la administración del presidente García, a tal punto que ningún proceso iniciado durante esta gestión ha culminado en la emisión de un título.  Es más, actualmente se observa un vacío legal en ese campo, al no quedar claro si la titulación es responsabilidad del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -COFOPRI o de las direcciones regionales agrarias.

La administración del presidente García no ha demostrado interés en solucionar el vacío legal existente en materia de titulación de comunidades nativas, y es que éstas, al ser propiedad comunitaria e indivisible, son claramente un obstáculo para la política privatizadora de Estado que apunta a la formación de un mercado de tierras rurales.  Es por esta razón que en lugar de reactivar el proceso de titulación de comunidades nativas, el gobierno favorece la privatización de la propiedad rural, el avance de la propiedad individual y la concentración de tierras rurales en manos privadas.

Pero si bien las políticas desfavorables a la propiedad comunitaria han sido una constante en los últimos 30 años­­, han cobrado mayor intensidad con el presidente García. En 2008, valiéndose de las facultades especiales que le otorgó temporalmente el Congreso, el presidente García promulgó varios decretos legislativos que atentan contra los derechos de las comunidades indígenas.  Así, anuló el derecho de consulta en caso de proyectos públicos y atentó contra la integridad de los territorios de propiedad comunitaria al reducir el quórum necesario para que una asamblea disuelva las comunidades y venda sus tierras a terceros.  Asimismo, abrió la puerta a la privatización de los bosques mediante la nueva ley forestal.

Según la visión de García, expresada en la serie de artículos El perro del hortelano, la Amazonía está desaprovechada, y la solución radicaría en que la tierra pase a manos de empresarios –previo proceso de privatización y concentración de la propiedad en manos privadas. De acuerdo con esta perspectiva, los campesinos o comunarios que vendan sus tierras se convertirían en asalariados en sus antiguas propiedades, y los que no, tendrían acceso al crédito para mejorar su producción.

Esta política que busca solucionar la pobreza en el ámbito rural parece olvidar que en el pasado este tipo de medidas han generado mayor concentración de riqueza y poder entre quienes dominan el mercado y más pobreza en los sectores más desprotegidos.

Y mientras la oficialización de la propiedad de las comunidades nativas queda en el limbo, continúa avanzando agresivamente la colonización sobre las tierras pendientes de titulación, de la misma manera que compiten por los recursos en ellas contenidos  los intereses madereros, agropecuarios, forestales, petroleros y mineros.

Los territorios de los pueblos indígenas reciben diversas agresiones ya que el Estado sólo les reconoce propiedad sobre los suelos de aptitud agropecuaria, pero no sobre los de aptitud forestal, las aguas y el subsuelo. Así, muchas comunidades no tituladas enfrentan el problema de que sus territorios tradicionales han sido entregados en contratos de explotación forestal a terceros.

No obstante, el principal problema es la configuración de lotes petroleros sobre el 72% de la Amazonía peruana y su entrega en contratos de exploración o explotación a empresas transnacionales. Por lo general las negociaciones del Estado con las empresas y la formalización de los contratos no cumplen con el requisito de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que son afectadas por esas decisiones, tal como lo establecen el Convenio 169, del cual el Perú es signatario, y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.