La política de hidrocarburos pone en riesgo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en aislamiento

El Instituto del Bien Común observa con suma preocupación que la política pública del Estado peruano en materia de hidrocarburos impone riesgos inaceptables de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento que habitan la Amazonía peruana, vulnerando directamente sus derechos a la vida, la salud, la identidad, la tierra y el territorio, entre otros. La explotación de hidrocarburos en el bosque habitado por pueblos en aislamiento equivale a entrar en el domicilio de cualquier ciudadano, sin ser invitado, y pretender expulsarlo a punta de ruido de maquinarias y megáfonos.

En el caso específico de los indígenas Cacataibo en aislamiento, que habitan en las cabeceras de los ríos Aguaytia, San Alejandro y Zungaruyacu y en las estribaciones de la Cordillera Azul, en la Selva Central, y en cuyo territorio ancestral se desarrollan actividades de prospección de hidrocarburos que cuentan con la aprobación del Estado, estas violaciones a sus derechos fundamentales ponen en peligro su vida y su integridad personal, al exponerlos al riesgo de contacto y a la transmisión de enfermedades mortales para ellos, como lo demuestran trágicas experiencias del pasado.

Las contradicciones de la ley

Se observa que los cuerpos normativos en materia de protección de los derechos indígenas adolecen de falencias graves y no aseguran una protección real y efectiva de los pueblos en aislamiento. Por ejemplo, la Ley 28736, Ley Para la Protección de Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario o Contacto Inicial, de mayo de 2006, establece por un lado la intangibilidad de las reservas territoriales pero al mismo tiempo permite las actividades de las industrias extractivas dentro de las mismas. Al incurrir en esta contradicción el Estado pasa por alto el hecho de que la conservación del ambiente es de vital importancia para los pueblos indígenas aislados, ya que su supervivencia depende exclusivamente de los recursos del bosque, como lo señala claramente el convenio internacional 169 sobre pueblos indígenas, del cual el Perú es signatario.

Por otro lado, el Estado tampoco se preocupa de asegurar el cumplimiento o aplicación de esta ley en lo que respecta a la aprobación de medidas provisionales de protección a estos pueblos en tanto se resuelva la creación de Reservas Territoriales. Al contrario, está permitiendo las actividades madereras y la exploración hidrocarburos afecte a los aislados.

¿Debilidad del Estado o falta de voluntad política?

Por decisión expresa del gobierno, y en línea con su política de atraer inversiones, se ha debilitado a las instituciones del Estado con responsabilidad en el tema indígena y ambiental, lo cual limita su poder de decisión y su capacidad operativa. Tal es el caso del INDEPA, que durante la gestión del presente gobierno pasó de ser un organismo público descentralizado que gozaba de autonomía a ser una dirección de tercer nivel del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social. Ante esta situación, el Congreso tuvo que intervenir, aprobando en el 2007 la Ley que le restituye al INDEPA el rango de organismo público descentralizado con autonomía.

A esta profunda situación de debilidad se suma la falta de voluntad política para proteger los intereses de los ciudadanos frente a las consecuencias de la actividad extractiva. Sólo así se explica que el Estado no destine recursos para este fin, o que el INDEPA no haya logrado avances en los procesos que tiene a su cargo, de evaluación de las propuestas para la creación de reservas territoriales, que han sido sometidas a su consideración por diversas federaciones indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil. De la misma manera, tampoco ha procedido a la adecuación de las reservas ya creadas, según indica la ley. Todo lo anterior se traduce en una situación embarazosa para el Perú: de los al menos 14 pueblos indígenas en aislamiento o situación de contacto inicial que existen en el país, sólo algunos de ellos están protegidos por cinco Reservas Territoriales.

Las mismas razones pueden explicar también el desinterés y falta de decisión que demuestra el Estado para poner límites a la extracción ilegal de madera y a las invasiones de colonos dentro de los límites de las reservas territoriales propuestas.

Aparentemente motivado por el mismo afán de obtener réditos inmediatos que inspira su política de hidrocarburos, el gobierno está promoviendo la parcelación de la tierra comunal, el otorgamiento de propiedad forestal y el otorgamiento de tierras a privados en la Amazonia, en detrimento de la integridad física de pueblos que habitan ancestralmente la Amazonía.

Es urgente la revisión de la política de hidrocarburos

A la luz de los argumentos expuestos, el IBC señala la urgencia de que el Estado peruano revise su actual política de hidrocarburos, con especial atención a los impactos no deseados de ésta sobre la población, y los pueblos indígenas aislados en particular, cuya supervivencia está en riesgo. Más aún, se debe ejecutar el mandato de protección a estos pueblos y también es necesario desarrollar protocolos de relacionamiento con estos pueblos. Esto implica que SERNAP y DGFF, entre otras autoridades sectoriales, deben desarrollar procedimientos adecuados para el reporte de avistamientos en campo.

Conviene aclarar que el Instituto del Bien Común no se opone a la extracción de hidrocarburos en la Amazonía peruana, y tampoco es su intención antagonizar con las compañías que realizan este trabajo, hacia las cuales mantiene una disposición de apertura y diálogo. Las acciones del IBC tienen por objeto promover el respeto de los derechos ambientales e indígenas a fin de presionar al Estado peruano para que asuma su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos frente a los riesgos que pueden derivarse de la explotación de hidrocarburos, desarrollando para ello mecanismos adecuados de cautela de los derechos de estas poblaciones. A este respecto, es obligación del Estado establecer estándares que normen las actividades de las empresas, y asegurar que éstos sean cumplidos. Sin embargo, si el Estado no vela por el respeto y cumplimiento de sus propias normas, es aun más difícil esperar que las compañías lo hagan.