La amazonía constituye el 60% del territorio nacional, con un total de 77 millones de ha. En razón de la variedad de sus pisos altitudinales, la amazonía peruana alberga una excepcional diversidad biológica. Además, tiene valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico. Por estas razones, extensas áreas de la amazonía peruana son de gran interés para la conservación. Actualmente el 20% de este vasto territorio está bajo régimen de protección a través de áreas naturales protegidas (ANPs), de las cuales casi 11 millones de ha. corresponden a comunidades nativas tituladas y 2.8 millones, a reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento.

Ya que sus prácticas tienen relativamente bajo impacto sobre los bosques y recursos hídricos, los indígenas amazónicos cumplen un importante papel en la conservación de las áreas hoy constituidas en áreas naturales protegidas. La presencia de comunidades nativas y población ribereña en las inmediaciones de ANPs también ha contribuido a frenar en alguna medida los procesos de colonización y la deforestación que suele acompañarlos.

La Amazonía peruana cuenta con una población de más de 300.000 indígenas pertenecientes a 59 grupos étnicos y 15 familias lingüísticas.

Los indígenas amazónicos y el territorio

Para los pueblos indígenas de la amazonía es primordial la defensa de su territorio porque éste es el ámbito de su supervivencia, tanto física como socio-cultural, y también de su proyección futura. El territorio indígena es comprendido como la totalidad del hábitat de un pueblo, tanto en lo geográfico (la superficie terrestre, las aguas y el subsuelo), como lo cultural. En el plano cultural, el territorio indígena abarca el espacio en el cual la cultura de un pueblo se asienta y reproduce. Conforme a distintas cosmovisiones y perspectivas particulares, el territorio es también vital por los lazos ancestrales que le dan fuerza y cohesión social y cultural al grupo. En la cosmovisión amazónica el territorio es considerado un bien colectivo, en interdependencia con la naturaleza. Todas las plantas, animales, montañas, ríos, lagos, cataratas y otros cuerpos de agua son concebidos como lugares sagrados y gozan de respeto como fuentes de realización visionaria y fortalecimiento espiritual.

Esta amplia concepción del territorio indígena, que va más allá del aspecto meramente geográfico, es reconocida por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de las Naciones Unidas:

“(...) los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
“la utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”

En las últimas décadas los pueblos indígenas han tenido que desarrollar diversas estrategias de adaptación y cambio para lograr su supervivencia en condiciones adversas de subordinación económica, política y socio-cultural. Por ejemplo, más del 95% de esta población se encuentra articulada a una economía de mercado, en diversas formas y grados de acercamiento.

En el plano político, en los últimos 40 años los pueblos indígenas del Perú se han ido organizando para lograr la legalización de sus territorios. En la actualidad existen aproximadamente 50 federaciones étnicas o interétnicas agrupadas en organizaciones regionales y afiliadas a nivel nacional. Las organizaciones han seguido un proceso constante de proyección hacia la participación política en ámbitos regionales y nacionales e internacionales, desarrolando discursos políticos y formas de relación con el Estado y la sociedad civil que plantean propuestas para su desarrollo articulado al desarrollo nacional.

Titulación de comunidades nativas

En 1974, la nueva Ley de Comunidades Nativas reconoció por primera vez el derecho de los indígenas amazónicos en el Perú a la propiedad colectiva sobre sus territorios; pero este reconocimiento por parte del Estado se limita a las tierras aledañas a sus asentamientos nucleados. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 1977 prohibió la titulación de tierras de “aptitud forestal” ubicadas dentro de los espacios de las comunidades nativas, reservándolas para el Estado. Esto resultó ser un atropello frontal a los derechos de los pueblos indígenasamazónicos, ya que por un lado su economía depende en gran parte del uso extensivo del bosque, y por el otro, prácticamente todas las tierras del gran llano boscoso de la amazonía son de “aptitud forestal” y por lo tanto quedarían exentas a la propiedad indígena.

La Constitución del Perú reconoce la existencia de las comunidades nativas aún cuando no estén inscritas como personas jurídicas en los registros públicos, pero para obtener el título de propiedad las comunidades deben estar inscritas en los registros públicos. De acuerdo a la Ley de Comunidades Nativas (artículo 11 de la Constitución) el Estado otorga títulos de propiedad sobre las tierras de aptitud agropecuaria y cede en uso a la comunidad las tierras de aptitud forestal.

El proceso de titulación de comunidades nativas es sumamente burocrático y lento, y no constituye una prioridad política del Estado peruano. Entre tanto, avanza la expansión de las actividades agropecuarias, forestales, petroleras y mineras en territorios que están aún pendientes de titulación. Ante esta situación, las comunidades nativas reciben el apoyo de organizaciones indígenas, ONGs y la cooperación internacional. Entre las deficiencias que presenta el proceso de titulación se puede mencionar que el Estado no maneja un catastro de comunidades nativas, y que las decisiones relativas a la otorgación de títulos y/o concesiones a terceros muchas veces se toman en los centros de poder, sea en Lima o en las capitales de las regiones, sin hacer las debidas constataciones en el campo.

Aún quedan aproximadamente 155 comunidades nativas por titular y cinco reservas territoriales por crear, en un área de 1.9 millones de hectáreas. En cuanto a la población ribereña, no existen cifras precisas ya que en su mayor parte éstas no cuenta con títulos de propiedad. Según cálculos logrados en base a la información recogida por el IBC, se calcula que esta población está en posesión de unas 4,13 millones de ha. En total, entre indígenas y población ribereña tienen en propiedad o posesión aproximadamente 15.7 millones de ha; es decir el 25,8 % de la Amazonía peruana.

Comunidades nativas y áreas naturales protegidas

Desde la década de 1980 ha sido notable la expansión de los sistemas nacionales de áreas naturales protegidas como estrategia para la conservación de los bosques tropicales, frente a la aceleración vertiginosa de la deforestación en la Amazonía. En 1990 se crea el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAMPE) y luego, a partir de la Ley de Áreas Naturales Protegidas de 1997, se establecen tres tipos de áreas protegidas: áreas de uso indirecto y de mayor protección (parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos), áreas de uso directo y de menor protección (reservas nacionales, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, reservas comunales, bosques de protección y cotos de caza) y áreas cuya categoría aún no está definida (zonas reservadas). El sistema de áreas naturales protegidas a nivel nacional, bajo la administración del SINAMPE, comprende entonces estas diez categorías. Además, la misma ley establece las bases para la creación de áreas de conservación regional y privada, sin que éstas sean administradas directamente por el SINAMPE.

No obstante, la creación de ANPs no siempre ha sido bien vista por las poblaciones locales, principalmente por existir sobreposición entre las áreas protegidas y sus territorios tradicionales, y porque éstas imponen restricciones sobre el uso de recursos. Así, siete de las 21 áreas protegidas fueron creadas sobre territorios habitados por poblaciones indígenas y no indígenas. Otras nueve áreas fueron creadas sobre territorios usados de manera tradicional y de hecho hoy colindan con comunidades nativas reconocidas y tituladas. En prácticamente todos estos casos, los parques y reservas fueron establecidos desde la capital, ubicada en la costa del Pacifico, los límites fueron trazados sobre mapas de mala calidad por funcionarios y conservacionistas con poco o ningún conocimiento básico sobre las poblaciones indígenas o colonos en el área. Con pocas excepciones, no hubo intentos de verificar la existencia o no de población local, y menos aun, un proceso de consulta. Otro problema deriva de las limitaciones que supone para las poblaciones locales la incorporación de estas áreas al SINAMPE, al convertir en actividades ilícitas, sujetas a la represión por parte de los cuerpos de guardaparques y policías ecológicos: la forma de vida tradicional y la extracción a pequeña escala que practicaron en estas áreas las poblaciones locales durante generaciones. Esto ha generado situaciones de tensión y conflicto en torno a la mayoría de estas áreas naturales protegidas.

Situación actual de los pueblos indígenas

El gran reto que viven hoy en día los pueblos indígenas de la amazonía es asumir las transformaciones de la vida moderna con los beneficios que ésta les puede dar y, a la vez, conservar su identidad étnica y valores culturales. Las organizaciones indígenas han planteado que para alcanzar este propósito es clave tener suficiente territorio asegurado jurídicamente, así como una capacidad institucional que les permita gobernar y desarrollar sosteniblemente las áreas que están bajo su dominio. La problemática amazónica no es solamente ecológica, sino también política y social.

La globalización y la expansión de los mercados han ampliado significativamente las fronteras agrícolas, afectando los bosques primarios de la cuenca. Al mismo tiempo, los territorios indígenas y los derechos indígenas están pobremente establecidos, por lo cual se ven constantemente afectados por el incremento de la infraestructura urbana, la tala indiscriminada de madera y la extracción de hidrocarburos y minerales. Más de un 25% de la amazonía peruana está lotizada para la explotación de hidrocarburos y minería, y los lotes se superponen a comunidades nativas, reservas territoriales y áreas naturales protegidas. Dado que el subsuelo está bajo dominio del Estado, las comunidades están obligadas a prestar servidumbre a las empresas extractivas para la explotación de estos recursos.

Es enorme la presión que se ejerce por los recursos naturales, especialmente sobre la madera, cuya explotación se hace mayormente en forma ilegal. Esta ilegalidad fomenta una cadena de actos de corrupción que involucra a las propias comunidades, debilitando sus instituciones comunales. Por otro lado, la presencia del Estado es muy débil, creándose un ambiente de desorden donde rige la ley del más fuerte. En este contexto, los indígenas han constituido a lo largo de las últimas décadas organizaciones a nivel local, regional y nacional, con el fin de defender sus territorios, recursos naturales, derechos e identidad cultural.

Las carreteras van expandiéndose y con ellas la frontera agrícola y la inmigración. En la vertiente oriental de los Andes es grande la presión de los colonos, que invaden los territorios indígenas, especialmente aquellos pendientes de titulación.