Misión

Nuestra misión es trabajar con las comunidades rurales del Perú por el
cuidado de los bienes comunes (cuerpos de agua, bosques, pesquerías,
áreas naturales protegidas y territorios comunales, entre otros),
contribuyendo así al bienestar de estas poblaciones y de todos los
peruanos.

Son elementos clave para lograr nuestra misión el ordenamiento y
planificación territorial, la gobernanza orientada al cuidado de los
bienes comunes, la conservación del medio ambiente, el desarrollo
sostenible, el respeto de los derechos y la cultura de las poblaciones
indígenas y no indígenas y el conocimiento científico y local.

Visión

En nuestra visión, la sociedad peruana cuida y valora los bienes
comunes (cuerpos de agua, bosques, pesquerías, áreas naturales
protegidas y territorios comunales, entre otros) basándose en el amplio
reconocimiento de que el uso sostenible de los bienes comunes es de
vital importancia para el bienestar de todos.

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El Instituto del Bien Común considera que la tradición y las diversas
instituciones de tenencia y manejo común de recursos naturales y
culturales, servicios y espacios constituyen una plataforma para el
desarrollo sostenible; esto es, para derrotar la pobreza mientras que se
conserva la calidad del medio ambiente para la presente y las futuras
generaciones de mujeres y hombres. Este concepto suele ser negado por
quienes ven la relación hombre-naturaleza a través de un marco
mercantil extremo y un entendimiento puramente utilitarista y egoísta
de la economía. El IBC considera como fundamento para el desarrollo
sostenible una equilibrada relación entre los intereses privados y los
intereses comunes dentro de una comunidad social. El diálogo armónico
entre el derecho privado y el derecho colectivo es indispensable para
cualquier proyecto social humanista.

Encontrándonos en un período histórico mundial cargado de retos
perentorios preocupa al IBC constatar que los bienes comunes y su
adecuado manejo se encuentran extremadamente descuidados en el
pensamiento y en las acciones de los organismos públicos y de las
instituciones de la sociedad civil peruana. Nos preocupa aun más el
hecho de que, en un marco de avasallamiento de otros valores
fundamentales, la acción colectiva para resolver problemas comunes ha
ido perdiendo vigencia. Así, por ejemplo, en el caso del fenómeno “El
Niño” de 1997-1998, cuya predicha aparición demandaba la respuesta
colectiva de la población y el aliento a esta actitud por parte de las
autoridades públicas, se observaron respuestas individuales de menor
eficiencia y la ausencia de una institucionalidad requerida para la
acción común.

Lo cierto es que existen desafíos muy serios. Hace falta plasmar el
concepto de ciudadanía para cada peruano –gobernante o gobernado- en
una cultura del derecho y la responsabilidad frente a los bienes
comunes. El mercado impone múltiples presiones sobre los recursos
naturales y culturales, los servicios y los espacios comunes así como
sobre los grupos humanos que los manejan. Hay en el país serias
dificultades para la gestión de los bienes comunes, y esto es en parte
debido a la confusión respecto a quién ejerce la autoridad en el
contexto de lo común y en parte porque en el marco de la economía
mundial, han ido surgiendo entre los grupos de propietarios en común,
nuevos intereses individuales y una diferenciación social que
condiciona su capacidad de gestión colectiva.

En esta situación, el reto para el IBC es el de contribuir a entender
mejor la relación dinámica entre el bien común y el bien individual,
buscar soluciones a los problemas prácticos de la gestión y la
economía de los recursos, servicios y espacios comunes y contribuir a
crear una conciencia ciudadana sobre la importancia vital que aquellos
tienen para la seguridad y el bienestar individual y para la identidad y
el desarrollo sostenible del país en su conjunto.

La propuesta del IBC reconoce que los sistemas de vida están
interconectados de un modo tal que la gestión del territorio y el
estilo de producción en una parte del planeta, influirán sobre el
medio ambiente en otras regiones y países. Reconoce igualmente que
existe un equilibrio delicado entre la calidad de vida de las
comunidades humanas y las de las otras especies animales, vegetales y
microbiológicas. La Tierra es un sistema físico y biológico que debe
ser cuidadosamente gestionado para su conservación y continuidad. Esta
interconexión se hace más evidente cuando se estudian regiones
específicas tales como una cuenca o un ecosistema particular.

El bienestar común requiere de dos tipos de acuerdos o contratos en el
sentido Rousseauniano: un contrato social que contrapese armónicamente
el bienestar común y la libertad individual, y un contrato ecológico
que contrapese la calidad ambiental del planeta con el deseo y el actuar
social e individual de las personas, es decir, de tenencia y gestión
de los recursos y espacios naturales que permita –todo en uno- el
desarrollo socioeconómico humano y la protección de los ecosistemas y
la continuidad en el tiempo de los importantes servicios que éstos
brindan.